ARTICULO

Democratización y los dilemas de la violencia

05 de Octubre de 2016 a las 11:11

Ángel Alvarez

Por: Ángel E. Álvarez, Ph. D.

Toronto -. Democracia y estado de derecho no son lo mismo aunque contemporáneamente vayan de la mente en la teoría política de occidente. Idealmente, es inconcebible una democracia plena que no someta al gobierno al imperio de la ley. El poder público, que solo emana legítimamente de la voluntad popular, es limitado por la constitución y todos sus actos están sometidos a lo que la ley expresamente establezca.  Los gobiernos occidentales se  asientan, en suma, en dos principios de legitimidad  de distinto origen pero confluyentes: la legitimidad de la norma y la legitimidad de la elección del poder que la administra.
 

Algo tan obvio como fundamental en las democracias occidentales, no es tan simple y transparente en la práctica en los países menos desarrollados. Algunos teóricos de la democracia han argumentado que el camino más cierto para llegar a la democracia pasa primariamente por construir un Estado de derecho. Pero esta ruta no es directa sino sinuosa. No se pueden construir instituciones legítimas que no cuenten con el respaldo popular y no se puede garantizar que el respaldo popular sea efectivo si no hay instituciones legítimas.
 

Lo vicioso de este círculo ha sido perniciosamente cierto en la historia política América Latina.  En este momento en particular,  dos procesos dramáticos y con consecuencias imprevisibles revelan de nuevo este permanente dilema político.  La paz en Colombia y el referéndum revocatorio presidencial en Venezuela son ejemplos de las constantes tensiones que enfrentan los países de la región por causa de sus inacabados procesos de democratización y  de consolidación de sus Estados.
 

Tras una guerra de más de cuarenta años que aun no concluye, el gobierno del presidente Santos de Colombia inicio un polémico proceso de negociación con las FARC, el mayor de los varios grupos violentos que han participado en ese prolongado y doloroso conflicto. Acusada de severos crímenes, secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados, tráfico de personas, armas y narcóticos, la FARC ha sido uno de los huesos más duros de roer para el gobierno colombiano. En el emblema de la violencia de izquierda. El gobierno Colombiano ha usado dos estrategias para reducirlas, ambas con éxito limitado. Hasta ahora, ni el uso de la fuerza militar y la eliminación selectiva de sus cuadros dirigentes, ni la negociación secreta o publicada han dado resultado. Las FARC no has respetado acuerdos previos y han usado los ceses al fuego para reagruparse y rearmarse. El gobierno ha usado métodos legítimos de represión violenta pero también formas cuestionables y violatorias de derechos humanos como los llamados “falsos positivos.” En un nuevo intento de lograr la paz y luego de largas negociaciones en Oslo  la Habana,  el Presidente Santos ha propuesto un referendo que busca legitimar los acuerdos alcanzados con la guerrilla.
 

Cualquiera que sea el resultado final de esta consulta, que se lleva a cabo mientras se escribe este artículo, el dilema sigue abierto. Si el "SI" hubiese ganado, los crimines cometidos por los líderes de la guerrilla quedarían impunes. No habría resarcimiento para las millones de víctimas de la violencia. La paz, si fuese alcanza finalmente, sería lograda a costa del incumplimiento de la ley. Si el “NO” gana, como aparentemente ha ocurrido, el panorama será aun más incierto. Lo más probable es que la violencia y la violación de derechos humanos vuelvan a escalar. En todo caso, el resultado del referéndum dejará una aun más honda y peligrosa polarización política de los colombianos. Ni la paz ni la justicia van a venir de la mano de este proceso democrático.
 

En Venezuela, el gobierno autoritario de Maduro impide la convocatoria de dos procesos democráticos (el referéndum revocatorio del presidente y la elección de gobernadores de estados) solo porque no le queda duda de que no controla la mayoría de los votos. Para ello, hace uso del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Supremo Electoral que dan legitimidad jurídica a actos completamente antidemocráticos.
 

La oposición democrática venezolana enfrenta dos dilemas  de muy difícil solución: ¿puede y debe la oposición usar la violencia para  deponer al gobierno y  democratizar al pais, o debe pacíficamente someterse a sí misma al imperio de leyes injustas para intentar imponer pacíficamente la voluntad popular?  Y, si el país logra democratizarse, ¿debe el próximo gobierno garantizar impunidad por los delitos de corrupción, violaciones de derechos humanos y otros crímenes para garantizar la paz y la estabilidad política?   Desacatar la ley injusta e impedir la impunidad es teóricamente compatible con los  principios constitucionales de justicia. Sin embargo, imponer la democracia por la fuerza no siempre es posible para demócratas desarmados. En todo caso, la imposición violenta de la democracia, tras una guerra civil o un golpe de estado, implica una maximización de la violencia y las violaciones de derechos fundamentales, lo cual empana la legitimidad democrática del hipotético nuevo régimen.
 

No es fácil intentar democratizar en paz y, al mismo tiempo, en cumplimiento de la ley, pero difícilmente tendremos democracia verdadera si no hay justicia imparcial que garantice la paz. En suma, no la tenemos fácil en Colombia y Venezuela.

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