Denuncian como el Gobierno venezolano estaría realizando ejecuciones extrajudiciales

La Portada Canadá en la crisis de Venezuela.

El diario El País reveló que la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), anunciada hace un año por el Gobierno de Nicolás Maduro como una iniciativa para combatir la criminalidad se ha convertido en una fuente de reiterados “abusos graves” de los derechos humanos contra la población más humilde y que van desde detenciones arbitrarias, desalojos forzados, hasta posibles ejecuciones extrajudiciales. Ya han muerto 245 personas.
 

CARACAS.- De acuerdo a un informe de organismos de derechos humanos, en Venezuela se estarían realizando desde hace un año ejecuciones extrajudiciales de personas que son atrapadas en las redadas que realizan las autoridades venezolanas cuando hay protestas en las calles. Basado en informe de las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y la venezolana PROVEA, denominado “Poder sin Límites” y que fue presentado en Washington, antes de ser entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se destaca como muchas violaciones de derechos humanos están marcando el destino de muchos venezolanos.
 

Según las denuncias en múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos, incluyendo asesinatos, “nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. La denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, para los defensores de derechos humanos es un claro “abuso del poder”, con el que el Gobierno realiza operativos para enfrentar los delitos, pero violando los derechos humanos.
 

Según datos oficiales de la Fiscalía venezolana, en el marco de la OLP murieron hasta diciembre 245 personas en operativos de las fuerzas de seguridad. HRW y PROVEA señalan en su informe que hay fuertes evidencias que sugieren que al menos 20 de esos casos podrían ser ejecuciones extrajudiciales cometidas durante redadas policiales. “El elevado número de personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad, por sí solo, genera dudas sobre si el uso de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad estaba justificado, y en qué medida lo estaba”, señala el informe.
 

A ello se une, agregó Vivanco en rueda de prensa, la “desproporcionalidad” de las bajas policiales, solo tres frente a los 245 presuntos criminales muertos en supuestos “enfrentamientos” con las fuerzas de la ley.
 

Los “abusos” no concluyen ahí, advierten HRW y PROVEA. En el informe también se alerta de una alta cifra de detenciones “indiscriminadas y arbitrarias”, sobre todo si se compara el total de arrestos (14.000 entre julio de 2015 y enero de 2016) y el número final de personas que fueron imputadas, menos de cien. A ello se une el desalojo forzoso y arbitrario de miles de personas y la demolición “punitiva” de cientos de viviendas en el marco de redadas de la OLP, en las que también se denunciaron “golpizas” y robo de bienes por parte de los agentes de seguridad.
 

Finalmente, el informe recoge el caso de deportaciones arbitrarias en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, desde el inicio de la OLP. Según el estudio, más de 1.700 colombianos fueron deportados desde entonces, a pesar de que al menos 400 de ellos tenían estado de refugiado o estaban en el proceso de solicitarlo.