Ley contra traficantes de personas a Canadá quedó en el limbo

Gobierno deberá reescribir la Ley y apelar fallo. El Gobierno deberá apelar la decisión del Juez, porque de lo contrario ya no será ilegal ayudar a las personas que quieren llegar al país sin tener documentos válidos para ello.

VANCOUVER- A cuatro hombres acusados ​​de tráfico de personas como parte de una operación masiva que trajo a decenas de tamiles de Sri Lanka a través del Pacífico hasta la costa de Canadá, les fue suspendido el proceso, después de que un juez de la Corte Suprema de BC estimó que una sección de las leyes de tráfico de personas de Canadá no es muy clara y es muy general.

La decisión, que es casi seguro que será apelada, obliga al Gobierno Federal a reescribir un artículo de la Ley de Inmigración y Refugiados, porque para el juez como está posiblemente podría llevar a cargos criminales contra los trabajadores humanitarios que ayudaron a los refugiados a su llegada, lo mismo que algunos familiares de los solicitantes de refugio.

Según el juez Arne Silverman, la sección de la ley conocida como la provisión tráfico de personas, es excesivamente amplia y tipifica como delito penal la acción cometida por una persona que ayudan a otra a llegar a Canadá, a sabiendas que no tiene la debida documentación.

Para la Corte, la norma, que se convirtió en ley hace casi una década, es coherente con los objetivos y obligaciones que tiene Canadá internacionalmente, porque responde a los acuerdo que ha hecho el país ante el mundo, pero para los abogados de los acusados ​​la sección de la Ley que está en entredicho, es demasiado amplia y pude afectar a personas que no hacen parte del tráfico de personas, y que solo apoyan a las víctimas del delito.

Para la corte la decisión tiene por objeto dejar sin efecto esa disposición, con el fin darle al Gobierno la oportunidad de reescribir la Ley, dijo Sean Rehaag, un especialista en el tema y profesor de inmigración y derecho de los refugiados en la Escuela de Derecho Osgoode Hall.

El Gobierno deberá apelar la decisión del Juez, porque de lo contrario, ya no será ilegal ayudar a las personas que quieren llegar al país sin tener documentos válidos para ello. Los cuatro acusados en este caso, se encuentran en libertad bajo fianza y vive en Ontario.

El abogado Peter LaPrairie, que representa al Gobierno en este caso, dijo que se está evaluando la sentencia y buscando opciones, antes de que el caso regrese a la corte y se determine qué pasará con los acusados.

Los cuatro implicados en este caso, Francis Anthonimuthu Appulonappa, Hamalraj Handasamy, Jeyachandran Kanagarajah y Thevarajah Vignarajah, fueron acusados de traer a Canadá un barco cargado con 72 personas que no tenía la documentación necesaria para ingresar al país y que luego solicitaron refugio.

Con el fallo de la Corte Suprema de BC  el delito de tráfico de personas prácticamente queda en el limbo, y los implicados en los casos de los barcos oxidados que llegaron frente a la costa cerca de Victoria con decenas de inmigrantes tamiles podrían quedar libres.

Para el Abogado del Gobierno, ahora lo que hay que pensar es como reescribir la legislación sobre el tráfico ilegal de personas a Canadá, porque en la actual situación, estos presuntos delincuentes que cobran miles de dólares a por traer a una persona a Canadá, en muchos casos arriesgando la vida de sus pasajeros en barcos a punto de naufragar, quedarían libres de cualquier cargo.

Para el abogado defensor de los implicados en el tráfico de personas, Phillip Rankin, la decisión de la Corte es muy buena para sus clientes, pero no es para celebrar, porque el caso aún está abierto. Dijo que el Gobierno ahora tiene tres o cuatro problemas por resolver.

Los acusados lograron traer a Canadá 72 personas, de los cuales 15 ya han sido aceptados como refugiados, a 15 le fue rechazada su petición de refugio y han apelado, otro tanto ha retirado su reclamación, y tres fueron deportados.  El resto sigue en proceso.

El fallo es importante, porque también podría afectar en caso de varios hombres acusados del mismo delito, tráfico de personas, ​​en relación con el barco que llegó en 2010 y que traía 492 personas, entre hombres, mujeres y niños. De ellos ya 50 han sido aceptados como refugiados, 63 fueron rechazados y 23 retiraron sus demandas. Los restantes siguen en proceso.

Para los expertos, con el fallo de la Corte el gobierno tiene la posibilidad de incluir en la Ley un parágrafo que establezca la responsabilidad de las personas que reciben un beneficio material, a cambio de trasportar personas indocumentadas al país, porque como está redactada, cualquier persona puede ser acusada, inclusive los trabajadores sociales.

El caso volverá a la Corte el 21 de enero, cuando se sabrá cómo va a manejar el Gobierno este fallo, que deja la puerta abierta al tráfico de personas a Canadá.

Por Ciro Alquichire V.