Para la ONU continuarán las masacres en cárceles de Ecuador, sino no hay reforma
12 de Mayo de 2022 a las 01:58
El lunes 44 recluso fueron asesinados en la prisión de la ciudad de Santo Domingo.
Los choques entre bandas rivales en las cárceles ecuatorianas han dejado más de 400 muertos en poco más de dos años, lo que ha concitado preocupación en los sistemas de derechos humanos interamericano y de las Naciones Unidas.
GINEBRA – Las masacres en cárceles de Ecuador se siguen repitiendo, en menos de dos años ya van más 400 muertos, y la situación tiene a empeorar según la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien planteó la urgencia de reformar el sistema penitenciario de Ecuador, después de que una nueva masacre en una cárcel de ese país andino, en el que murieron 44 reclusos y más de una decena resultaron heridas.
Según la policía, los disturbios fueron provocados por el traslado de un preso conocido como “Anchundia”, vinculado a la pandilla R7, desde el penal de La Roca, en el suroeste, al penal de Santo Domingo, en el marco de la rivalidad entre grupos de detenidos vinculados con el narcotráfico.
La violencia del lunes fue el último estallido en cárceles del país, después de que enfrentamientos entre bandas dejaron 20 muertos en la cárcel El Turi de la sureña ciudad de Cuenca el 3 de abril, y 12 y 15 heridos, respectivamente, en penales de Quito y de Esmeraldas, en la costa norte, los últimos días de abril.
Los choques entre bandas rivales en las cárceles ecuatorianas han dejado más de 400 muertos en poco más de dos años (46 en 2020, 316 en 2021 y 64 en lo que va de 2022). El 28 de septiembre de 2021 se produjo la mayor masacre carcelaria en la historia del país, en la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil (suroeste), en la que fueron asesinados 119 reclusos y otros 80 quedaron heridos.
“Reiteramos nuestra profunda alarma por la recurrencia de la violencia carcelaria en el país”, dice la declaración de Bachelet, quien fue presidenta de Chile en 2006-2010 y 2014-2018, y pidió “una investigación completa de estos incidentes.
Agregó que “hacemos hincapié en que la responsabilidad del Estado por la seguridad de todas las personas bajo su custodia crea una presunción de responsabilidad del Estado por estas muertes”.
La hoja de ruta también recomienda “cambiar las políticas penales para reducir el uso excesivo del encarcelamiento”.
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