Cuba pide 20 años de prisión para empresarios canadienses

Los cargos presentados contra los empresarios canadienses y un grupo de cubanos incluido un vice ministro, implican delitos de falsificación de documentos bancarios y de comercio, estafa, tráfico de divisas y evasión fiscal, entre otros, informo el diario oficial de la Isla.

LA HABANA.- Los ciudadanos canadienses, Cy Tokmakjian, Marco Vinicio Puche Rodríguez y Claudio Franco Vetere, además de otros cubanos, incluido un viceministro del Gobierno, fueron acusados formalmente por la Fiscalía de este país y enfrentan un juicio mediante el cual podrían ser condenados a penas que van de los 8 a los 20 años de prisión.

La fiscalía cubana pidió la condena para los tres empresarios canadienses y 14 exfuncionarios cubanos por cargos de corrupción. Se les acusa de hacer parte de una empresa mediante la cual realizaron falsificaciones de documentos bancarios y comerciales, estafas, tráfico de divisas y actos que perjudican a la actividad económica de este país caribeño, según un comunicado el portal oficial de Cuba. Tokmakjian, de 74 años, ya lleva casi tres detenido en Cuba.

Para el dueño de la empresa Tokmakjian, que llevaba el mismo nombre del canadiense implicado en este caso, la fiscalía pidió una condena de 15 años de prisión, sobre los otros canadienses responsables de los presuntos delitos, Marco Vinicio Puche Rodríguez y Claudio Franco Vetere, también se piden penas muy fuerte, pero estas aumentan en el caso de los cubanos, entre los que están el ex viceministro Nelson Ricardo Labrada, para quien el organismo pide 20 años.

Otros implicados cubanos también son Manuel Fernández, Leonardo Delgado, Jorge Machado y José Rubio, todos del extinto ministerio del Azúcar, suprimido durante la reorganización estatal. Del también eliminado ministerio de Industria Básica son Alberto Pantón (exdirector general de Cubaníquel), Ernesto Gómez (exdirector de Ferroníquel Minera S.A.), Fidel Penín y Jorge Melo, exdirector de la asociación económica internacional CISTUR, del Ministerio de Turismo. Además de Edmundo Cabrera, Antonio Gilí, Boris Barber, Armando Martínez y Elsa Fernández Proenza, quienes ocupaban diferentes responsabilidades en la Sucursal Tokmakjian Group en Cuba.

El organismo investigador también afirma que hay una responsabilidad en los delitos de varios funcionarios del Ministerio de Turismo, que estarían implicados en las estafas que se realizaron, con la una supuesta empresa importadora de vehículos y otras maquinarias.

El caso se remonta al año 2011 cuando fue allanada la empresa Tokmakjian de propiedad de un grupo de canadienses que eran muy respetados en la isla, y que fueron arrestados inmediatamente.

Según el comunicado oficial del Gobierno de la isla, la empresa y sus representantes utilizaban mecanismos fraudulentos y corruptores para obtener beneficios en las negociaciones con entidades cubanas, lo que habría ocasionado pérdidas a la nación caribeña. Para la Fiscalía de esta nación, los canadienses ilícitamente ingresaron cuantiosas sumas de dinero y adulteraron declaraciones contables, para eludir obligaciones tributarias, además de ofrecer "retribuciones monetarias" indebidas a funcionarios para cometer los delitos.

A parte de la condena a los implicados, la fiscalía pidió además una indemnización de 91 millones de dólares para el Estado cubano por las pérdidas, que serán pagados "en parte, con los bienes y dinero” que ya fueron incautados.