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Pánico entre los inmigrantes en EE.UU., ante negativa a reforma migratoria.

18 de Febrero de 2015 a las 13:20

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Un juez suspende la aplicación del plan Obama para legalizar a millones  de indocumentado.

26 estados demandaron el programa migratorio que quiere adelantar el Gobierno sobre la base de que Obama había "sobrepasado" los poderes que tiene como presidente. El gobernador de Texas -que fue quien presentó la demanda el año pasado, cuando todavía era el fiscal general de ese Estado- Greg Abbott, se siente satisfecho con la decisión judicial que ponen en riesgo un proceso que beneficiará a millones de inmigrantes en EE.UU.

 

WASHINGTON.- La alegría de millones de inmigrantes en Estados Unidos, gran parte de ellos sin un estatus legal, se vio empeñada esta semana luego de conocerse que un juez federal ha suspendido el plan con el que el Gobierno del presidente Barack Obama intentaba regularizar a los mal llamados indocumentados que llevan muchos años intentando regularizar su situación migratoria.

 

El hecho generó una fuerte reacción de La Casa Blanca que anunció una batalla legal para que el programa que se ha puesto en marcha continúe sin contratiempos. El Gobierno dijo que apelará el fallo, puesto que considera que Obama ha actuado “dentro de su autoridad legal” que le da la Constitución y en el marco jurídico que se lo permite, por lo que no considera que se deba suspender el proceso que ya se ha iniciado.

 

“La decisión del tribunal federal impide erróneamente que se implemente esta política legal y de sentido común, y el Departamento de Justicia ha indicado que apelará dicha decisión”, dijo el portavoz de Obama, Josh Earnest, mediante un comunicado de prensa, pero hasta este martes aún no se había presentado la apelación, que deberá ser atendida la Corte de Apelaciones.

 

Según la decisión del juez Andrew Scott Hanen, de la corte federal de Brownsville, Texas, por el momento se paralizan todas las medidas migratorias que estaban a punto de comenzar para que los indocumentados pudieran legalizar su situación migratoria.

 

Actualmente el Gobierno ya adelantaba acciones legales para dar estatus a miles de jóvenes llegados en la infancia a Estados Unidos, que según cálculos pueden sobrepasar el medio millón. A ellos se les está dando un permiso temporal de trabajo y se les detuvo las órdenes de deportación que pesaban en su contra mientras se estudia caso por caso, porque para el Gobierno estos procesos son prioritarios.

 

La idea es que luego de los jóvenes, también se les concederá permisos de trabajo a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente, conocido como DAPA, un plan que estaba previsto que empezara a implementarse a más tardar en mayo, pero que se podría afectar si no hay una fallo oportuno a lo que determinó el juez federal.

 

En su fallo, el juez que instruye la causa por la demanda presentada por 26 Estados contra las acciones emprendidas por el ejecutivo, argumenta que de acuerdo a los demandantes sino se frena el proceso se produciría un “daño irreparable”, por la legalización de millones de inmigrantes indocumentados, porque esta acción es “irreversible”. De acuerdo a Pew Research Center, casi la mitad de los indocumentados que se podrían beneficiar de las medidas de Obama, 2,3 millones de personas, viven en alguno de los Estados que interpusieron la demanda.

 

"El presidente había renunciado a su responsabilidad de proteger la Constitución de EE UU en su intento por ignorar las leyes aprobadas por el Congreso, y la decisión de Hanen le pone freno", dijo el gobernador de Texas Greg Abbott, quien fue quien presentó la demanda.

 

Según el fallo el Gobierno no ha llevado a cabo los procedimientos básicos para aplicar el plan migratorio y no ha adelantado los controles que se le han exigido en las fronteras, lo que ha agravado el problema de la inmigración ilegal. Organizaciones que apoyan la reforma migratoria se han apresurado a afirmar que continuarán trabajando para que las acciones ejecutivas de Obama entren en vigor lo más pronto posible y que el fallo será tumbado rápidamente por el Gobierno. 

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