Trudeau sí debe ser investigado penalmente por contrato que beneficio a su familia

Los canadienses merecemos tener un Primer Ministro en que se pueda confiar, y las acusaciones han sembrado muchas dudas, que se deben aclarar por el bien de todos, incluso de Trudeau y su familia. Aunque el mandatario hoy goza de una muy buena popularidad por el acertado manejo que le ha dado a la pandemia, y se sabe de antemano que la acusación lleva un tinte netamente político, el Primer Ministro de Canadá si debe someterse a una investigación penal y no solo ética por lo que supuestamente pasó con la organización benéfica WE, a la que el Gobierno Federal le entregó un contrato exclusivo de $ 900 millones, que según las denuncias terminó beneficiando a su  familia.  

EDITORIAL.- Con justificada razón, al menos por lo que se ha descubierto hasta el momento, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, le debe una explicación a la justicia canadiense, pero en especial a todos los canadienses, sobre un supuesto manejo irregular de un contrato con la organización benéfica WE, a la que el Gobierno le dio un contrato exclusivo de $ 900 millones, dinero que en parte terminó en manos Margaret y el hermano mayor del mandatario,  Alexandre.

Los conservadores están pidiendo una investigación penal, y todo indica que se va realizar, porque WE y sus afiliados pagaron a los familiares de Trudeau unos $ 300,000 en honorarios, por dictar conferencias a través de Speakers 'Spotlight Bureau durante los últimos cuatro años.

En las denuncias se afirmar que la esposa del primer ministro, Sophie Grégoire Trudeau, también recibió $ 1,500 por participar en un evento WE en 2012, pero se debe aclarar que eso fue antes de que Trudeau se convirtiera en líder del Partido Liberal. 

El Comisionado Federal de Conflicto de Intereses y Ética, Mario Dion, ya anunció que está investigando a Trudeau sobre la elección de WE para ejecutar el programa de subvenciones, pero los conservadores piden ahora una investigación penal que permita aclarar que fue lo que paso.

Para ellos investigación por parte del comisionado de ética por sí sola no es insuficiente, dadas las nuevas revelaciones sobre los pagos a los miembros de la familia Trudeau antes de que Ottawa le otorgara a WE el contrato para administrar la Beca de Servicio Estudiantil de Canadá (CSSG).

Los conservadores aseguran que la adjudicación del contrato es algo más grave que un problema de ética. “Tenemos un primer ministro que ha usado sus poderes para obtener un beneficio de una organización relacionada con él y su familia", aseguran líderes del partido en la oposición con justificada razón, pero hacen falta aclarar muchas cosas de esos contratos, por el bien del país, de los mismos liberales y por supuesto de Trudeau, que por estos días goza de gran aceptación por todo lo que ha hecho por los trabajadores que perdieron sus empleos por la pandemia y los auxilios a las empresas.

Según la Sección 121 del Código Penal Canadienses, citado por los conservadores, Trudeau habría cometido un fraude en el Gobierno, que es un delito que alguien realizado por un funcionario electo, cuando él o un miembro de su familia reciben un beneficio, préstamo, recompensa o ventaja de cualquier tipo de parte del Estado, por influencias.

En aras de la verdad, y no solo porque lo pidan los líderes políticos de la oposición, sino porque los canadienses merecen que se haga claridad, Trudeau debe ser investigado por el supuesto mal manejo de esos recursos que los canadienses pagan con sus impuestos, se lo debe al país, que ahora tanto lo quiere.