Colombiano víctima del recorte a la salud para solicitantes de refugio

Por Ciro Alquichire V.

OTTAWA.- Daniel García Rodríguez, de origen colombiano, que estuvo a punto de quedar ciego, es una de las víctimas de los recortes realizados por el Gobierno al servicio de salud para los solicitantes de refugio, pero como él hay muchos casos más que están denunciando las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y hasta los médicos que consideran que la medida va contra los derechos humanos.

García Rodríguez llegó de su país natal Colombia en busca de protección por los problemas violentos que afectan a su país, con tan mala suerte que tuvo un desprendimiento de retina mientras realizaba el proceso, por lo que requería con urgencia una cirugía, para reparar el daño, pero con la nueva norma de migración esta no se podía realizar por el sistema de salud de Canadá.

La situación de este latino lo llevo a buscar ayuda en otro lado y gracias a la caridad de un cirujano, se pudo salvar de quedar ciego, pero la misma historia no ha acompañado a otros que como él enfrentan el problema de no contar con atención medica mientras se estudia su caso rechazado de refugio, como pasaba antes de la Ley promulgada el año pasado.

Entre los caso denunciados se encuentra diabéticos que deben vivir de las muestras gratis de insulina, y casos extraños como el de Ahmad Awatt es un solicitante de refugio de Irak, un país que es considerado demasiado peligroso para las personas que son deportadas, que han salido a buscar protección. El inmigrante tiene la enfermedad de Wilson, un trastorno genético que le pone en riesgo de daño sus órganos vitales y es potencialmente mortal.

El problema para él es que desde que se aplicó el recorte a los servicios de salud para los solicitantes de refugio, desde junio pasado ya no se puede hacer los exámenes de sangre, orina y ecografías hepáticas que necesita para controlar su condición.

Estos y otros casos fueron llevados a la Corte Federal, como base de la denuncia contra el Ministro de Ciudadanía e Inmigración, porque los demandantes buscan demostrar que los cambios en el programa de refugiados de atención de la salud son inconstitucionales e ilegales en virtud de la Carta de Derechos y Libertades.

El problema se generó luego de la medida tomada por el Ministerio de Migración al Programa Federal de Salud, en la que se determinó la eliminación de la atención de salud a los solicitantes de asilo que han sido rechazados y que permanecen en Canadá, o de los solicitantes de asilo procedentes de países designados como "seguros", que sólo serían atendidos en casos de urgencias o en parto.

Aunque la demanda busca tumbar la medida, algunos médicos canadienses y la Asociación Canadiense de Abogados de refugiados saben que esto pude durar años, por lo que le están pidiendo al Gobierno regresar al sistema que había antes, para poder ayudar a estas personas.

Según los médicos cientos de solicitantes de asilo que han sido rechazados y sus familias, incluyen personas muy enfermas, pacientes con cáncer que necesitan quimioterapia y mujeres embarazadas que necesitan atención prenatal, no solo en el parto, tratamientos que no pueden cubrir porque no cuentan con recursos.

Cabe resaltar que la medida no se aplica si la enfermedad de la persona representa una amenaza para la seguridad de otros, pero esto no se da en todos los casos.

En dialogo con los medios de comunicación, Audrey Macklin, un profesor de la Universidad de Toronto, que trabaja con la Asociación Canadiense de Abogados de refugiados, dijo que se está poniendo en riesgo la vida niños que están a punto de nacer.

El recorte a los servicios de salud fue tomada por el Gobierno porque detectó que muchos de los solicitantes pedían refugio para acceder al servicio médico gratuito y luego abandonaban el caso, especialmente personas que llegaban de países considerados como seguros, principalmente de países europeos.

Según el Ministro de Migración, Jason Kenney, los contribuyentes canadienses no tienen la obligación de proporcionar un seguro de salud a los inmigrantes ilegales. Según datos dados por el mismo Gobierno la medida le significará un ahorro de $ 100 millones en cinco años.

Médicos han denunciado que la norma podría salirle mucho más costosa al Gobierno, porque estas personas que se están quedando sin atención médica, terminarán en las salas de urgencias, porque no se le trataron enfermedades que se podían prevenir.