Traficantes de droga ya no podrán vivir en edificios del Gobierno en Ontario

Delincuentes serán desalojados y suspendidos por 5 años para acceder a otra vivienda social 

Como lo estaban pidiendo muchos vecinos, y lo había solicitado el Alcalde Toronto, las personas que sean encontradas culpables de delitos graves como tráfico de drogas, ya no podrán seguir viviendo en los edificios subsidiados por el Gobierno, según lo determinó Asuntos Municipales y Vivienda de Ontario, (Ontario Municipal Affairs and Housing). Para el Alcalde de Toronto, que pidió a los residentes denunciar a los malos vecinos,  la norma no va a detener la violencia armada que ha tomado los edificios sociales, pero si será una buena herramienta para poder mantener alejados a los traficantes de drogas y otros delincuentes de estas residencias, porque no podrán acceder a otra unidad para vivir en cinco años.

TORONTO.- Sacar un mal inquilino, que incluso no paga la renta, o que genera problemas al vecindario, que vende drogas, o que nadie lo soporta, es casi una misión imposible para los propietarios de una vivienda o un apartamento en Canadá, porque muchas leyes los protegen. La situación es aún peor, si el mal vecino vive en un edificio del Gobierno, donde paga una renta simbólica, y de donde difícilmente es obligado a dejar el apartamento, pese a que los administradores realicen lo necesario para ello, por eso la noticia dada por Asuntos Municipales y Vivienda de Ontario, (Ontario Municipal Affairs and Housing) que determinó que los vendedores de drogas, peligrosos delincuentes o traficantes de personas, serán desalojados de la propiedad y no podrán acceder a otro apartamento subsidiado en los próximos cinco años, recibió grandes aplausos de muchas personas que durante años han tenido que soportar este problema, incluso del Alcalde de Toronto.

El Ministro de Asuntos Municipales y de Vivienda de Ontario, Steve Clark, aseguró que esos malos inquilinos deberán abandonar las viviendas sociales, si se les comprueba el comportamiento criminal o los vecinos los denuncian, pero además serán sancionados con una prohibición de cinco años para poder acceder a otra vivienda del estado.

Cabe aclarar que solo podrán desalojar de estas edificaciones subsidiadas al miembro o miembros de la familia o la persona que se le compruebe cometieron o están cometiendo el delito, no a todos los inquilinos de la vivienda, dicen los funcionarios de TCHC.

La medida aplica para todos los proveedores de viviendas sociales, como Toronto Community Housing Corporation (TCHC), que deberá aplicar la norma, si logran comprobar que antiguos ocupantes de edificaciones, que han cometido graves delitos y siguen representando un riesgo para sus vecinos.

Cabe recordar que el mismo alcalde de Toronto, John Tory, había pedido durante año una norma en este sentido, especialmente por los problemas de la creciente delincuencia armada que se sigue posesionado de muchos edificios construidos para las personas más necesitadas en la ciudad, donde se vende droga, y se presentan guerras entre pandillas, que dejan muertos y muchos heridos. El mandatario dijo que es importante que los vecinos de estas personas los denuncien, y den a conocer el caso al TCHC, para que los desalojen y no les adjudiquen otra unidad.

La medida busca alejar de los edificios subsidiados por el Gobierno a todos los inquilinos peligrosos o perjudiciales, que salen de un lugar, y vuelven a pedir otra unidad de vivienda comunitaria a TCHC, que debía proporcionárselas, ahora el organismo no está obligado a dárselas, y será discrecional la decisión.

"No hay una solución única para el problema de la violencia armada", insistió el alcalde a conocer la norma, pero aseguró que si ayudará a evitar que las personas que han sido condenadas por delitos graves, incluidos delitos relacionados con armas de fuego, tengan derecho a ser reubicados en edificios del Gobierno o de los que fueron desalojadas.