LA COMISION DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACION Dos palabras difíciles de unir.

Por: Anabelle Chacón Castro

La última semana de mayo la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, TRC, por sus siglas en inglés (Truth and Reconciliation Comission), presidida por el primer juez aborigen de Canadá, Murray Sinclair, presentó un informe de 382 páginas con 94 recomendaciones para poder llegar a un reconocimiento legal y social que reivindique los derechos de los pueblos aborígenes de Canadá.
 

Comencemos por puntualizar ciertos hechos que nos permitan entender mejor la situación.  Se usa el término “aborigen” en vez de “indio”, porque este es un nombre dado erróneamente por los españoles a los habitantes de América pensando que había arribado a la India.  En Canadá se habla de las Primeras Naciones, FN, (First Nations) porque estos grupos humanos ya estaban asentados en estas tierras antes que vengan los ingleses y franceses a colonizarlas.  Actualmente, hay una población de unas 330,000 personas, es decir, aproximadamente el 1% de la población canadiense es catalogada como aborigen.  Dentro de las Primeras Naciones, existen grupos cultural y lingüísticamente diferentes, pero que también tienen tradiciones que les une; así como la oscura historia perpetrada por los gobiernos desde los inicios de Canadá como nación.
 

La TRC fue creada por el Primer Ministro Harper como una respuesta necesaria a la historia a la que se les ha sometido.  El informe es producto de la investigación de documentos reservados y las declaraciones de 7,000 personas sobrevivientes de los programas de gobierno.  Las FN fueron restringidas a vivir en reservas y sus hijos víctimas sistemáticas de un desmembramiento familiar y de un proceso de desculturización y explotación en las llamadas Escuelas Residenciales (Residencial Schools), las mismas que fueron creadas en 1870 bajo un visión británica aplicada a sus colonias, aunque en Inglaterra fueron abolidas en 1848.   Más que escuelas, eran reformatorios, donde los niños y jóvenes vivían aislados de sus familias, sufrían de maltratos y abusos de toda índole incluyendo los sexuales, recibían educación en inglés y trabajaban todos los días.  Se calcula que desde su creación hasta 1996, cuando se cerró la última, pasaron por sus “aulas” 150,000 niños y jóvenes, de los cuales 4,000 murieron en el proceso; es decir, que a través de los años la tercera parte de la población aborigen fue sometida a esta alienación cultural que, los activistas, han definido como un “genocidio cultural”. Siempre han sido un sector de población vulnerable, no tenían derecho a poseer una propiedad, o abrir un negocio, ni siquiera a tener un nombre; y más recientemente, sus mujeres han sido sujeto de una violencia tremenda por parte de una sociedad que no las ha sabido proteger.
 

El informe fue presentado y todavía no hay una posición oficial del gobierno conservador de Harper; sin embargo, líderes de otros partidos como Justin Trudeau –liberal- ha dicho, en forma demagógica, que él hará cumplir las 94 sugerencias al pie de la letra, en caso de ser electo Primer Ministro.  Thomas Mulcair, del NDP, ha mostrado una posición más prudente al decir que su partido negociaría la vialidad del informe con las FN.
 

Obviamente, no se puede tapar el sol con un dedo, el problema existe y es necesario tomar medidas que permitan la reconciliación sin que se atente con la soberanía de Canadá, que es uno de los puntos más álgidos pues las FN reclaman soberanía.  Sus necesidades son grandes y tienen que ser atendidas con programas que garanticen mantener su cultura y que a la vez les integre al país, de acuerdo con su voluntad y no por imposición.  Parte fundamental de este proceso es la educación, que tiene que darse en sus propias lenguas con inglés o francés como segunda.  Personalmente no creo que haya que restringirlos a que vivan en sus reservaciones  y que deben tener la oportunidad de elegir, como cualquier otro ciudadano canadiense, donde quieren vivir, pero se debe respetar su territorio ancestral.  La verdad ya ha aflorado ahora falta la reconciliación y para esto, solamente el Estado tiene la palabra.