REDADAS Políticas dirigidas a comunidades específicas

28 de Agosto de 2014 a las 16:06

Por: Anabelle Chacón Castro

El día jueves 14 de agosto, sectores de la ciudad estuvieron sujetos a chequeos rutinarios de tránsito. Según un vocero, el sargento Kerry Schmidt de la Policía de Ontario hizo la siguiente puntualización: “La Policía Provincial de Ontario no participó en esta iniciativa ni ejerció ningún liderazgo. Sólo tuvimos un funcionario que participó buscando vehículos comerciales que pueden estar en mal estado o que tienen problemas con las cargas, o para verificar la seguridad de cualquier equipo”. Lo extraño de la situación es que en los puntos de revisión había también agentes de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, ASFC, que solicitaban papeles a los pasajeros de los vehículos. Esto hace que los hechos presentados no sean solamente asuntos de tránsito como se presentan sino que se trata de una política intimidatoria de inmigración.

Según la experta en migración, Vilma Filici en una entrevista concedida a CBC Radio Canadá el 19 de agosto, esto no era un hecho causal: “Eran latinos que iban a trabajar, eran trabajadores de la construcción, y no estaban deteniendo cualquier vehículo, estaban deteniendo vehículos que visiblemente llevaban personas, trabajadores de la construcción. Es la forma en que lo hicieron”. En total hubo 21 detenidos, de los cuales cinco fueron deportados inmediatamente a sus países. El lunes 25 de agosto, la locutora Silvia Méndez, de Radio Voces Latinas, informa que en el área de Jane y Wilson una familia latina fue detenida por agentes de la ASFC que vestían de civil. Los sectores de la ciudad que están siendo escrutados por migración son frecuentados por un alto número de personas de nuestra comunidad y por esta dedicatoria alzamos nuestra voz de protesta.

Pero, independientemente de la comunidad afectada por esta situación, no se puede permitir que sean tratados en esta forma claramente discriminatoria y que se esté ejecutando una política de miedo e intimidación en contra de la población; la misma que se aplica en Estados Unidos donde una gran porción de la población no tiene papeles y que viven constantemente amenazados con el fantasma de la deportación.

Si se analiza quién es un “ilegal”, palabra muy peyorativa para denominar a alguien que no tiene estatus migratorio, es una persona trabajadora, que realiza los trabajos más duros a menor precio, que da un gran aporte económico a la economía porque inyecta un flujo de dinero efectivo por no ser sujeto de crédito; además, que no reclama beneficios sociales ni económicos. Una persona así, merece tener una y otra oportunidad de regularizar su estadía en el país, en vez de ser perseguida como cualquier criminal común.

Desde un punto de vista antropológico, los movimientos migratorios son inherentes a la humanidad y, a través de la historia, las masas humanas siempre se han movido por diferentes razones: alimentarias, en sus inicios, sociales luego, políticas, religiosas y militares, después; y, actualmente, por el simple deseo de una vida mejor. En todas las razones para estas migraciones, que no son exclusivas de la especie humana sino que se dan en todo tipo, prima el instinto de supervivencia. La migración, como tal, debería ser un derecho humano universal. Es necesario que existan procedimientos que la determinen y regulen, pero no se debería negar este derecho a nadie. Si se toma en cuenta los nacimientos de las naciones, ninguna historia está exenta de tener grupos humanos que hayan venido de otras tierras a establecerse en busca de una vida más digna y si no, que se cumplan las palabras bíblicas del Nazareno: “… aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra”.